El gremio de centros nocturnos denunció que las clausuras ejecutadas por el Centro de Operaciones de Aviación (COBA) han generado zozobra en el sector por presuntos atropellos, cierres antes del horario permitido y afectaciones económicas que, según afirma, alcanzan los 60 millones de pesos.
De acuerdo con la denuncia, los establecimientos afectados aseguran tener la documentación en regla, pero aun así habrían sido cerrados de manera arbitraria. La falta de una respuesta oficial frente a esas quejas ha ampliado los cuestionamientos al Gobierno sobre el manejo de estas acciones de supervisión.
El reclamo coloca en primer plano la necesidad de que las autoridades expliquen el costo, el alcance y el criterio aplicado en los operativos, así como el impacto real sobre negocios que alegan estar cumpliendo con los requisitos exigidos. En una medida que afecta directamente a un sector económico, la exigencia no puede quedarse en el anuncio o la clausura: debe haber transparencia, justificación verificable y seguimiento institucional.
Hasta el momento, según la información disponible en la pieza, no se ha ofrecido una respuesta oficial a las denuncias del gremio, lo que mantiene abierto el frente de cuestionamientos sobre si los operativos responden a un control efectivo o a actuaciones que terminan castigando a negocios formales sin debido sustento público.