Los feminicidios de Esmeralda Moronta de los Santos y Nancy Sánchez Gálvez han vuelto a colocar bajo presión la respuesta institucional frente a la violencia de género en la República Dominicana, especialmente por haber ocurrido frente a fiscalías y hospitales, espacios que deberían operar como puntos de protección y no como escenarios de riesgo.
El hecho de que ambos casos hayan estremecido al país reabre dudas sobre la capacidad real del Estado para prevenir agresiones en lugares donde las víctimas acuden precisamente en busca de auxilio. Más allá del impacto emocional, la situación obliga a revisar protocolos, supervisión y medidas de seguridad en instituciones llamadas a garantizar resguardo.
La discusión no se agota en la conmoción pública. Lo que dejan estos casos es la exigencia de respuestas concretas sobre qué falló, qué medidas existen para evitar que hechos similares se repitan y cómo se está evaluando la efectividad de los mecanismos de protección en fiscalías y hospitales.
En un contexto donde la violencia feminicida sigue golpeando con fuerza, la prioridad institucional no puede limitarse a reaccionar después de cada tragedia. La demanda ciudadana apunta a prevención verificable, coordinación entre autoridades, controles claros y rendición de cuentas sobre los protocolos que deben funcionar en la práctica.
La reaparición de estas dudas sitúa nuevamente al Estado frente a una tarea ineludible: demostrar, con hechos y no solo con discursos, que los espacios de atención a víctimas ofrecen seguridad real y que las fallas detectadas tendrán seguimiento y corrección.