La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) respaldó la ley que deja sin anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al sector agropecuario, al considerar que la decisión fortalece la seguridad jurídica de la actividad productiva.
Sin embargo, la organización pidió que la medida sea evaluada con datos para determinar si realmente se traduce en más inversión, mayor producción y mejor abastecimiento.
El planteamiento coloca el foco en el efecto práctico de la disposición, más allá de su anuncio. En un contexto en que las decisiones tributarias para sectores estratégicos suelen presentarse como estímulos al crecimiento, el sector empresarial demanda que el resultado pueda verificarse en la actividad económica y no solo en el discurso oficial.
ADA no cuestionó la ley, pero sí insistió en que su implementación debe permitir medir beneficios concretos para el agro. Eso implica seguir el comportamiento de la inversión, la producción y la oferta de alimentos, como referencia para determinar si la medida cumple el objetivo esperado.
La posición del gremio añade un llamado a la fiscalización del impacto de la política pública. Aunque la exoneración puede aliviar cargas fiscales para productores agropecuarios, el interés público está en saber si ese alivio se convierte en un mejor desempeño del sector y en una mayor estabilidad para el mercado.
La ley, en consecuencia, abre una expectativa favorable para el campo dominicano, pero también deja pendiente la obligación de transparentar sus resultados y demostrar que el incentivo fiscal produce beneficios verificables para productores y consumidores.