Este lunes, el Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) llevó a la sede de Gobierno un documento con más de 1,000 firmas ciudadanas para pedir al presidente Luis Abinader la “derogación inmediata” de las políticas migratorias aplicadas en los hospitales públicos de República Dominicana.
El protocolo oficial, en vigor desde abril de 2025, ordena que inspectores y agentes migratorios apostados en los hospitales comprueben que los pacientes tengan identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en República Dominicana y que cubran el costo de los servicios recibidos. Si no reúnen esos requisitos, serán atendidos médicamente y, tras recuperarse, deportados.
De acuerdo con el Colectivo, la presencia de agentes migratorios en los centros hospitalarios restringe el derecho a la salud y afecta de forma particular a “mujeres embarazadas, niñas, niños, personas migrantes haitianas”, así como a “personas dominicanas de ascendencia haitiana, negras o sin documentos”, que pueden ser víctimas de perfilamiento racial. “Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública”, expresó la organización, que insistió en que los hospitales deben seguir siendo espacios seguros donde prevalezca la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, sin importar la condición migratoria.