La administración del régimen disciplinario en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vuelve a quedar bajo escrutinio por el trato desigual que reciben procesos penales con efectos institucionales y presupuestarios distintos. En el “Caso Coral”, los oficiales liderados por el exjefe del CUSEP, mayor general Adam Cáceres, han pasado por las etapas del sistema penal ordinario y, pese a una condena en primer grado emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, permanecen como oficiales activos suspendidos y cobran sus salarios base, bajo el criterio de que la separación definitiva solo procede con una sentencia irrevocable.
La diferencia se hace más visible en expedientes que no captan la misma atención mediática. Allí, oficiales subalternos, superiores y alistados son cancelados o retirados de inmediato con la sola imposición de una medida de coerción ordinaria, como presentación periódica o garantía económica, o a partir del informe de una comisión investigadora interna, sin esperar la apertura a juicio ni la resolución de apelación o casación.
Esa dualidad procedimental no solo abre un debate sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que además arrastra consecuencias legales para el Estado. De acuerdo con el texto, esta práctica lleva al Tribunal Superior Administrativo a fallar de forma reiterada a favor de los desvinculados por violación al debido proceso, en un escenario que refuerza la exigencia de fiscalizar decisiones administrativas que terminan afectando tanto la institucionalidad como el uso de recursos públicos.