En solo una semana, las autoridades cubanas presentaron y aprobaron el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, en un giro que muestra la profundidad de la crisis que vive la isla y deja en duda su capacidad real de reacción. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció por sorpresa las medidas, que después recibieron el respaldo del pleno del Comité Central del Partido Comunista y la ratificación de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Durante su intervención ante la Asamblea, Díaz-Canel sostuvo que Cuba «vive las horas más difíciles de este siglo» y defendió que «es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado». Según su planteamiento, el plan pretende abrir y descentralizar una economía agotada y paralizada por factores internos y, sobre todo en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos. Aun así, el antecedente oficial obliga a mirar la aplicación: en la presidencia de Raúl Castro también hubo anuncios reformistas que luego no se concretaron, se limitaron en alcance o quedaron atrapados en una maraña burocrática.
El paquete contempla 176 reformas, varias de ellas de gran alcance. Algunas ya se habían planteado en los últimos años, incluso hace más de una década, mientras otras buscan dar respuesta a problemas más recientes, como la escasez de combustible. Aunque el plan se ha presentado como un punto de inflexión, sus efectos siguen siendo inciertos y el contraste entre la urgencia del discurso y los resultados aún pendientes vuelve a poner el foco sobre la rendición de cuentas del poder y el costo social de los retrasos acumulados.