Las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) han ido ganando espacio en el esquema preventivo contra la corrupción administrativa en el Estado dominicano, dentro de una estrategia oficial orientada a reforzar la ética pública, la transparencia y el cumplimiento normativo. Aun así, el propio avance del modelo deja abierta la pregunta central: si estas instancias lograrán convertirse en herramientas efectivas de prevención y control interno o si quedarán reducidas a estructuras administrativas de escaso impacto en la cultura institucional.
La discusión adquiere mayor peso luego de que el presidente Luis Abinader sometiera al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG) como nuevo órgano rector en transparencia, acceso a la información, prevención de la corrupción y ética gubernamental. Sin embargo, esa expansión institucional vuelve más urgente la exigencia de resultados verificables y de rendición de cuentas sobre la efectividad real de los mecanismos que el Estado presenta como respuesta anticorrupción.
Las CIGCN, integradas por servidores públicos de distintos grupos ocupacionales, tienen entre sus funciones promover la ética, vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos y aplicar políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgos, antisoborno, conflictos de intereses y acceso a la información pública. El modelo fue establecido mediante el Decreto 791-21, que otorgó alta prioridad nacional a su implementación en instituciones del Poder Ejecutivo, pero el desafío continúa siendo el mismo: demostrar que el fortalecimiento formal del sistema no se quede en un diseño institucional sin impacto comprobable.