La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertó este martes que la acelerada transformación digital puede profundizar las desigualdades sociales, laborales y territoriales en la región si los gobiernos no sitúan la inclusión digital en el centro de sus políticas públicas. El planteamiento, formulado durante la apertura del Sexto Seminario Regional de Desarrollo Social, vuelve a colocar el debate en el plano de la gestión pública: el avance tecnológico no asegura por sí mismo bienestar ni acceso, y sin medidas adecuadas puede derivar en nuevas formas de exclusión.
En el encuentro, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, señaló que América Latina y el Caribe enfrenta tres trampas estructurales: bajo crecimiento, alta desigualdad y debilidad institucional. A partir de ello, afirmó que la digitalización puede impulsar la productividad, la innovación y el acceso a servicios esenciales como educación, salud y servicios financieros, aunque advirtió que esos beneficios no se distribuyen de manera automática ni equitativa. “Avanzar hacia la inclusión digital no es solo una agenda tecnológica, sino también una agenda de derechos y desarrollo”, subrayó.
Representantes de organismos internacionales coincidieron en que la transformación digital necesita políticas públicas más robustas para llegar a toda la población. La embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer, también advirtió que la tecnología por sí sola no garantiza inclusión, en una señal de alerta sobre la necesidad de vigilancia institucional y de decisiones públicas capaces de impedir que la modernización ensanche las brechas en vez de cerrarlas.