La Operación Onco14, desplegada en Santiago como prolongación de Operación Cobra, volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos y servicios relacionados con SeNaSa. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en el Instituto Oncológico Regional Cibao (IORC) funcionó un esquema atribuido a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasires Guzmán y Dilcia Vargas Sánchez, en el que dosis de medicamentos de alto costo se cargaban completas al seguro, pero luego se retenían o se entregaban a medias a los pacientes.
La pesquisa afirma que, tras el relevo en la administración del centro, se hallaron almacenes con medicamentos de alto costo valorados en más de RD$3 millones, mantenidos de forma deliberada. El documento señala que esos fármacos no se distribuían porque, al ser donados o asignados de manera directa, no generaban el margen de ganancia ni las facturaciones alteradas remitidas a SeNaSa, un contraste que agrava el daño para pacientes que dependían de esos tratamientos.
Además, el expediente atribuye al grupo otras irregularidades, entre ellas la asignación de gastos de representación de cientos de miles de pesos libres de impuestos por funciones que debían ser honoríficas. En el caso de Lora Cruceta, se indica una asignación mensual de RD$600,000 bajo ese concepto. El caso, que las autoridades asocian con un perjuicio preliminar estimado entre RD$6,000 y RD$15,000 millones dentro de la trama destapada por Operación Cobra, reaviva la presión por rendición de cuentas y por una vigilancia efectiva sobre instituciones que administran recursos esenciales de salud.