LIMA. – Familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y 2023 en Perú expresaron su rechazo al virtual triunfo de Keiko Fujimori y colocaron en el centro del debate las acusaciones de blindaje político e impunidad por las muertes registradas durante la represión. La Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, que agrupa a las 49 víctimas mortales y decenas de heridos, llevó a cabo este martes un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir justicia por los hechos ocurridos durante las manifestaciones contra Dina Boluarte y en demanda de la liberación de Pedro Castillo.
La vocera Milagros Samillán, cuyo hermano murió en Juliaca mientras auxiliaba a heridos en una protesta, señaló que no aceptarán “un gobierno de la hija de un dictador” y afirmó que, desde las masacres ocurridas hace tres años, las familias han marchado sin obtener respuestas. Según dijo, el partido de Fujimori blindó a Boluarte y a los ministros que estaban en funciones durante la represión.
Los manifestantes también denunciaron que, desde el Congreso, el fujimorismo ha impulsado leyes encaminadas a favorecer la impunidad de policías y militares señalados por las muertes. Ante fotografías de fallecidos en Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Junín y Macusani, insistieron en que Fujimori no los representa y advirtieron que mantendrán las movilizaciones para exigir que no se cierre el paso a la justicia ni se consolide el blindaje a los responsables.