La pena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos impuestos al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), coloca de nuevo el caso Coral como una señal de alerta sobre la administración de recursos en áreas sensibles del Estado. Tanto ese expediente como su extensión Coral 5G han sido descritos como uno de los mayores casos por presunta corrupción administrativa en la historia reciente del país.
Según la investigación del Ministerio Público, una estructura compuesta por altos oficiales militares, policiales y civiles habría desviado recursos públicos mediante nóminas irregulares, fondos de inteligencia y operaciones de lavado de activos. La acusación indica que el entramado operó durante varios años con recursos asignados al Cusep y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur), lo que vuelve a poner sobre la mesa la vigilancia institucional en dependencias que administran fondos públicos.
El expediente se inició con la operación Coral, realizada el 24 de abril de 2021, y en noviembre de ese mismo año fue ampliado con Coral 5G, cuando se sumaron nuevos imputados, entre ellos generales, coroneles, empresarios y civiles. Además, la acusación afirma que la red habría acumulado bienes y activos valorados en más de RD$4,500 millones, entre propiedades, empresas, fincas y vehículos, un dato que mantiene abierta la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se controlaron esos recursos y por qué el esquema pudo sostenerse durante años.