El caso Onco-14 vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos para la salud, esta vez por acusaciones de que fondos del Senasa habrían sido sustraídos a través del Instituto Oncológico del Cibao. En Santiago, el Ministerio Público apresó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a quienes imputa asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, esos recursos debieron destinarse a pacientes con cáncer del régimen subsidiado y del Estado que acuden a ese centro desde todo el Cibao. El expediente, identificado como Onco-14, se suma además a una secuencia de investigaciones ligadas al fraude en Senasa, un caso que ya había generado indignación por el supuesto desvío de dinero dirigido a la población más pobre y vulnerable.
Este nuevo escándalo refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre las estructuras que administran fondos de salud, sobre todo porque el órgano acusador todavía no ha revelado el monto del dinero defraudado. En un escenario marcado por casos sucesivos, la prioridad vuelve a ser aclarar el alcance del perjuicio y establecer responsabilidades sobre recursos que debieron convertirse en atención para pacientes, no en nuevas tramas de corrupción.