Santo Domingo. La reforma fiscal que el Gobierno presentó al Congreso Nacional quedó en el centro de las objeciones por la manera en que fue sometida, después de que el presidente del Partido Generación de Servidores (PGS), Carlos Peña, la definiera como “total y absolutamente inconstitucional” y exigiera su retiro para que antes sea conocida por el Consejo Económico y Social (CES).
En una declaración ofrecida en el Congreso de la República, Peña afirmó que la iniciativa contraviene el artículo 251 de la Constitución y también el artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, al señalar que cualquier transformación fiscal o económica que impacte la vida de los ciudadanos debe pasar por un proceso de consulta nacional en el CES. “El presidente Luis Abinader y su gobierno han violado la Constitución al no enviar primero esta propuesta al Consejo Económico y Social antes de depositarla en las cámaras legislativas”, sostuvo.
Como propuesta alternativa, informó que su organización depositó una iniciativa legislativa para modificar el sistema tributario mediante la eliminación de los impuestos actuales y la creación de un impuesto único de 10 % sobre todas las ventas de bienes y servicios realizadas en República Dominicana. Según explicó, ese esquema reemplazaría más de 100 tributos vigentes y, tomando como referencia un volumen anual de ventas cercano a los US$300 mil millones, permitiría recaudar alrededor de US$30 mil millones, por encima de los aproximadamente US$22 mil millones que, indicó, capta actualmente el Estado. A juicio de Peña, el modelo impediría nuevas cargas sobre la clase media, el sector empresarial y los productores nacionales.