De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Colombia llega con un dato de fondo que no admite discusión: el país dejó atrás los niveles extremos de violencia de comienzos de los años 2000 y recuperó control territorial en muchas regiones gracias al impulso del Plan Colombia y otros esfuerzos institucionales. Aun así, ese avance histórico no ha cerrado la discusión sobre seguridad, que vuelve a situarse en el centro de la política nacional.
El balance que reconoce la disminución de la violencia también deja una advertencia sobre el presente. En el gobierno de Gustavo Petro, la política de “Paz Total” ha agudizado el debate, en medio de cuestionamientos de quienes señalan que algunos grupos ilegales han aprovechado el proceso para ampliar su control territorial y fortalecer economías ilícitas. El contraste entre los logros acumulados en años anteriores y las dudas actuales sobre la capacidad del Estado para contener nuevas amenazas ha reactivado la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas.
Ese escenario evidencia que el éxito de una estrategia pasada no garantiza respuestas eficaces frente a los desafíos actuales. Con amenazas distintas a las de finales del siglo XX, la discusión ya no gira solo en torno a acuerdos o enfoques, sino a si la gestión vigente está ofreciendo resultados suficientes frente al crimen organizado y al control territorial, dos asuntos que vuelven a pesar en la agenda pública a las puertas de 2026.