Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó a la Administración de Donald Trump a seguir aplicando el gravamen global del 10 % impuesto en febrero, en una resolución provisional que mantiene la medida vigente mientras avanza el proceso judicial. El fallo se conoce después de que el Tribunal Supremo anulara buena parte del esquema arancelario anterior del mandatario, lo que vuelve a poner bajo examen la forma en que la Casa Blanca ha buscado sostener su política comercial.
La nueva vía empleada por el Gobierno se basa en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite imponer aranceles globales de hasta el 15 % durante 150 días y que requiere la aprobación del Congreso para prolongar ese plazo. Estas tasas vencen a fines de julio si los legisladores no las extienden, lo que abre una discusión institucional sobre los límites del poder presidencial en materia arancelaria.
En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York resolvió 2-1 a favor de una demanda de pequeñas empresas y concluyó que los nuevos aranceles eran «inválidos» y «no autorizados por la ley», al considerar que Trump se excedió en la autoridad delegada por el Congreso. Aunque el tribunal de apelaciones permitió por ahora seguir cobrando el 10 %, el caso mantiene vivo el contraste entre la ofensiva arancelaria del presidente y los reparos legales que ya han frenado parte de esa estrategia desde su regreso al poder en enero de 2025.