El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha forjado su imagen pública como un combatiente de la corrupción y un protector de la población, con una narrativa centrada en la gran cantidad de prisioneros de organizaciones criminales y en los castigos adicionales aplicados ante protestas en las cárceles. Esa proyección le ha otorgado prestigio y lo ha convertido en referencia para muchos países.
No obstante, sus intervenciones públicas suelen poner el acento en el triunfo frente al pandillerismo, mientras queda relegado el avance de las acciones encaminadas a conseguir sentencias contra funcionarios y gobernantes anteriores por corrupción. Esa omisión adquiere relevancia porque el propio Bukele afirmó que el dinero público no alcanza para el progreso del país si hay quienes se lo están robando.
A la par, han empezado a circular reportajes que sostienen que Bukele estaría favoreciendo a familiares y amigos políticos con proyectos y acuerdos monetarios del país. Los señalamientos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar el uso de los recursos públicos y presionan la coherencia entre el discurso oficial contra la corrupción y las prácticas que ahora se le atribuyen.