La aprobación de US$600 millones en préstamos volvió a colocar bajo escrutinio la coherencia fiscal del Gobierno, en medio de cuestionamientos sobre austeridad, calidad del gasto y sostenibilidad de la deuda pública. El economista Winston Marte advirtió que el debate no debe limitarse a cuánto se toma prestado, sino a para qué se contrae esa deuda, cuál será su retorno económico y social y si el Estado está aplicando la misma disciplina fiscal que exige a la población.
De acuerdo con su explicación, US$400 millones del monto aprobado irían a un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso en Punta Cana, una inversión que beneficiaría principalmente a grandes cadenas hoteleras de esa zona turística. Frente a ese escenario, propuso explorar alianzas público-privadas para que el sector privado participe en el financiamiento de infraestructuras que servirán directamente a sus empresas.
Marte advirtió que el aumento sostenido de la deuda pública eleva la presión del pago de intereses sobre el presupuesto, reduce el margen para responder a futuras crisis, incrementa la vulnerabilidad ante subidas de tasas internacionales y puede desplazar inversiones prioritarias debido al servicio de la deuda. “Cada dólar adicional prestado hoy representa impuestos futuros o restricciones presupuestarias futuras”, puntualizó. Asimismo, criticó que el Gobierno no haya presentado a la población un plan claro de austeridad que detalle qué partidas serán reducidas, cuánto se recaudaría y cuál sería el destino de esos recursos.