La acumulación de personas detenidas en la jurisdicción de Santo Domingo Este volvió a poner en entredicho el funcionamiento efectivo del sistema de justicia, en medio de dudas sobre su capacidad de respuesta. El abogado Jeswa Sánchez afirmó que no se trata de una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público, sino de todo el engranaje institucional que participa en el proceso.
Explicó que el Ministerio Público lleva a los detenidos ante el juez competente dentro de las 48 horas que fija el Código Procesal Penal, mientras al juez le corresponde decidir sobre la legalidad de la detención y las medidas de coerción. Sánchez advirtió que el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensa Pública, los abogados particulares, la Policía Nacional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales integran un mismo procedimiento, de modo que la falla en cualquiera de esos eslabones termina afectando al conjunto.
El jurista añadió una carencia específica: la falta de un área de retención provisional en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, a diferencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esa ausencia, señaló, complica los traslados, eleva la carga operativa de los organismos de custodia y contribuye a la congestión denunciada. También apuntó que la provincia Santo Domingo presenta una incidencia delictiva mayor que otras demarcaciones, con altos niveles de violencia de género, robos y homicidios, un panorama que refuerza la alerta sobre gestión, capacidad institucional y explicaciones pendientes ante una crisis con impacto ciudadano.