A pesar de su peso económico en el Caribe insular, República Dominicana continúa entre los países cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar al espacio Schengen, una condición que la mantiene en una categoría migratoria que la diplomacia dominicana ha intentado desmontar desde hace años. El esquema europeo, consolidado con el Reglamento 539/2001, sigue ubicando al país junto a un grupo reducido de naciones iberoamericanas sometidas a esa restricción.
La situación adquiere especial relevancia porque, aunque el país es la economía más grande del Caribe insular y una de las de mayor crecimiento regional en las últimas décadas, ese desempeño no se ha traducido en una mejora de su acceso al espacio europeo de libre circulación. La evaluación de Bruselas no se apoya en variables económicas, sino en indicadores como permanencia irregular, solicitudes de asilo, seguridad documental y comportamiento estadístico de los viajeros.
Ese escenario vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de explicaciones sobre los resultados concretos de las gestiones oficiales en un asunto que incide de forma directa en la movilidad internacional de los dominicanos. Mientras otros Estados caribeños de menor tamaño poblacional disfrutan de acceso sin visado, República Dominicana sigue sometida a controles documentales reforzados y a una percepción de riesgo migratorio que arrastra desde los años noventa.