La República Dominicana acogerá del 1 al 4 de diciembre de 2026 la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), el principal foro mundial sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, en una decisión que proyecta al país ante más de 2,000 participantes de alrededor de 140 países y, a la vez, incrementa la presión sobre la gestión de Luis Abinader para mostrar resultados concretos y no solo el discurso oficial.
El anuncio lo hizo este miércoles el presidente Abinader, acompañado por representantes de Transparencia Internacional y de la propia conferencia, durante un encuentro con directores de medios de comunicación. Desde el Gobierno se presentó la cita como una oportunidad para ubicar a la República Dominicana en el debate global sobre transparencia, aunque la magnitud de esa vitrina también la convierte en una prueba de fiscalización institucional sobre la distancia entre las promesas de integridad y la respuesta efectiva del poder frente a la corrupción y la impunidad.
En la actividad, el mandatario sostuvo que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una de las principales prioridades de su administración y valoró la conferencia como un espacio para reforzar la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en favor de instituciones más transparentes y democráticas. No obstante, el peso simbólico del foro obliga a contrastar esa narrativa oficial con resultados verificables, en un escenario donde la transparencia dejó de ser solo consigna y pasó a ser una demanda de vigilancia permanente de la sociedad civil, los medios y los actores institucionales.
Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, explicó que la IACC se realiza cada dos años, tiene más de 30 años de trayectoria y se ha consolidado como el principal espacio mundial para debatir sobre rendición de cuentas e integridad. Añadió que reunirá a líderes políticos, organismos internacionales, academia, sector privado, periodistas y sociedad civil para discutir desafíos y soluciones frente a la corrupción. Por eso, la elección del país como sede no solo representa visibilidad internacional: también sitúa al Gobierno dominicano bajo una alerta institucional mayor, con la obligación de llegar a 2026 con explicaciones convincentes sobre su gestión y con menos espacio para la propaganda que para los resultados.