Puerto Rico cerró los primeros seis meses de 2026 con 248 asesinatos, 17 más que en el mismo período de 2025, en una situación que vuelve a encender las alertas institucionales sobre la seguridad en la isla vecina y plantea dudas sobre la eficacia de la respuesta oficial. El dato afecta además a una sociedad muy conectada con República Dominicana, donde residen más de 80 mil dominicanos en territorio puertorriqueño.
De acuerdo con la Policía de Puerto Rico, cuatro de cada 10 homicidios investigados este año están ligados de forma directa al narcotráfico. A ello se añade que tres de cada 10 muertes responden a venganzas o rencillas entre bandas rivales, mientras nueve de cada 10 asesinatos fueron cometidos con armas de fuego ilegales. La combinación de crimen organizado, disputas entre grupos y circulación de armas refleja un deterioro que rebasa la estadística y se traduce en mayor vulnerabilidad para la población.
Joseph González, jefe policial, defendió en una conferencia de prensa recogida por Prensa Latina la estrategia operacional aplicada en las zonas de mayor incidencia delictiva. Aun así, el propio balance oficial confirma el repunte de los homicidios, una contradicción que deja bajo escrutinio los resultados de esos operativos y la capacidad real de contención frente al avance de la violencia.
Pese al aumento, el cuerpo de seguridad adelantó que los planes de contingencia seguirán sin variaciones estructurales, mientras sus analistas mantendrán el foco en el patrullaje y la inteligencia para interceptar cargamentos de armas. La decisión de sostener la misma línea en medio del deterioro deja abierto el debate sobre rendición de cuentas, prioridad ciudadana y la urgencia de respuestas más efectivas ante una crisis con costo social visible en toda la región caribeña.