La protesta realizada este lunes por residentes de La Ureña reabrió el reclamo por unas calles que, según los comunitarios, llevan más de 20 años en condiciones precarias, en un cuadro que vuelve a colocar bajo fiscalización al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, al Gobierno central y a las instituciones responsables de obras públicas.
Los moradores sostienen que el deterioro de las vías no solo complica el tránsito, sino que agrava los problemas en tiempos de lluvia, dificulta el acceso de vehículos y servicios de emergencia y golpea actividades comerciales, educativas y comunitarias. “No estamos pidiendo un privilegio; estamos reclamando un derecho”, expresó Tony Lovera, presidente de la Junta de Vecinos de La Ureña, al reclamar que las autoridades acudan al sector, verifiquen la situación y fijen una fecha para iniciar los trabajos.
La advertencia de que continuarán organizándose y usando mecanismos de participación ciudadana refleja el nivel de desgaste frente a una demanda básica aún sin respuesta. Lovera afirmó que esta será la última protesta pacífica y advirtió que, si no hay reacción oficial, tomarán otras acciones. “La próxima vez cerraremos las calles de La Marginal hasta que sus peticiones sean escuchadas por el presidente Luis Abinader”, manifestó, en una señal del contraste entre la gestión pública y una necesidad esencial que sigue pendiente para las familias del sector.