La Operación XL-526 puso al descubierto una presunta red criminal que, según el expediente del Ministerio Público, captaba víctimas mediante anuncios publicitarios y después las sometía a extorsión y chantaje con un esquema previamente diseñado. La investigación señala que la estructura operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, empleaba herramientas tecnológicas y dominaba el idioma inglés, mientras sus integrantes se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, para provocar temor y exigir dinero.
Según el órgano acusador, parte del método de intimidación consistía en enviar imágenes de crímenes violentos a las personas contactadas. El expediente también plantea que los recursos obtenidos presuntamente mediante extorsión, chantaje y estafas eran movidos a través de criptomonedas como bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, empresas remesadoras y plataformas de pago, con la finalidad de ocultar el origen del dinero y darle apariencia de legalidad.
Por este caso, el Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva para diez personas arrestadas y solicitó que el proceso sea declarado complejo por la cantidad de imputados, víctimas y la supuesta existencia de una estructura de crimen organizado vinculada al lavado de activos. El alcance atribuido a la red y la variedad de mecanismos usados para mover fondos vuelven a colocar sobre la mesa la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas respecto a la capacidad institucional para detectar a tiempo operaciones de este tipo y limitar su impacto sobre la población.