El suicidio de Brayan Rayo Garzón, un migrante colombiano que estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), volvió al centro del debate después de que Associated Press revelara en una investigación que los suicidios entre migrantes retenidos por ese organismo están creciendo de manera «alarmante». El caso refuerza las alertas sobre las condiciones de detención y sobre la necesidad de mayor fiscalización de una política migratoria que ya enfrenta cuestionamientos por sus consecuencias humanas.
Según los registros oficiales, Rayo estuvo cuatro días en aislamiento en una cárcel de Misuri tras ser capturado por el ICE. Su situación se agravó mientras lidiaba con síntomas de covid-19 y quedaba pospuesta la respuesta a una solicitud de atención en salud mental. También se le prohibió contactar por teléfono a su madre con el argumento de evitar la propagación de la enfermedad en el penal. En ese contexto, escribió dos notas a mano a sus custodios para pedir que le permitieran hablar con ella.
El caso provocó la reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien instruyó a la Cancillería a entregar una nota de protesta e instó a Washington a «reflexionar» sobre las consecuencias de su política migratoria. En su mensaje en X, Petro afirmó que al joven no se le permitió llamar a su madre y vinculó lo ocurrido con los efectos de esa estrategia. La secuencia descrita en los registros y la investigación reabre así el contraste entre el discurso de control migratorio y el resultado visible dentro del sistema de detención.