La muerte a mordidas y golpes de una bebé de ocho meses en San Cristóbal volvió a poner en primer plano una realidad que en República Dominicana se repite entre la indignación pública y la falta de contención efectiva. El acusado, pareja de la madre de la menor, fue enviado a prisión por homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie. Ese caso se suma al de una niña de 7 años torturada hasta la muerte en agosto del año pasado en la capital, así como al de un niño de 8 años cuyo cadáver presentaba 147 heridas en Verón.
Más allá del impacto de cada crimen, los datos citados por Unicef describen un problema estructural: seis de cada diez niños sufren disciplina violenta en el hogar, una proporción de 63 % que sitúa al país ligeramente por encima del promedio de América Latina y el Caribe. Según Carlos Carrera, representante del organismo en el país, esta violencia sigue normalizada y se agrava por el escaso conocimiento de los padres sobre métodos de crianza no violentos.
El diagnóstico del propio Unicef también señala una falla de fondo: leyes «relativamente laxas» frente a la disciplina violenta y falta de apoyo. En esa distancia entre la conmoción que provocan los casos y la persistencia del problema, queda expuesto el alto costo social de una realidad que sigue golpeando a la niñez sin una respuesta capaz de frenar su repetición.