La discusión sobre las tres causales regresó a poner a prueba al presidente Luis Abinader y a los legisladores del PRM. Para la abogada Mary Fernández Rodríguez, lo que sigue pendiente para aprobarlas no es una base jurídica, sino una decisión política. Con esa lectura, el debate vuelve a plantearse como una comprobación de si el oficialismo cumplirá su promesa o si la dejará otra vez en el discurso.
Fernández, que forma parte del equipo legal de la Cámara Americana de Comercio, señaló que tanto el mandatario como la bancada oficialista tienen una “oportunidad de oro” con la revisión del Código Penal para reformar los artículos 110 y 111 antes de que entren en vigencia el 3 de agosto. A su entender, el país no enfrenta una controversia legal sin resolver, porque ese asunto ya fue discutido y las tres causales son constitucionalmente aceptadas; lo que queda, insistió, es una decisión política y el legado que Abinader dejará al concluir su gobierno dentro de dos años.
La jurista también sostuvo que el artículo 37 de la Constitución, que establece que la vida inicia desde la concepción, no impide reconocer las tres causales. “Las causales buscan proteger la vida de la madre, en circunstancias especiales”, dijo. Recordó, además, que el año pasado hubo 16 mil niñas embarazadas, un dato que, a su juicio, refleja el costo social de seguir aplazando decisiones mientras desde el poder se mantiene un discurso que no responde a la realidad del país.
Agregó que médicos que atienden hemorragias, inicios de abortos provocados y casos de mujeres en riesgo de morir están siendo perseguidos cuando intervienen para salvarlas. Sumó que República Dominicana figura entre los únicos cinco países del mundo que no permiten las causales para la interrupción voluntaria del embarazo, una señal de rezago institucional que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del Gobierno y del PRM para convertir promesas en hechos concretos.
“Es un tema de voluntad política. Los gobernantes prefieren abanderarse por un discurso de populismo que no está en la realidad que vive el país”, afirmó. Con esa advertencia, la presión deja de recaer sobre una supuesta imposibilidad legal y se traslada a la responsabilidad política de un oficialismo que todavía debe explicar si priorizará soluciones o si volverá a administrar el tema desde la conveniencia del poder.