Cinco organizaciones comunitarias y de derechos humanos de La Caleta pidieron al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos ocupados por cientos de familias, al considerar que esa es la salida para frenar desalojos que, según denuncian, se ejecutan de madrugada con maquinaria pesada y apoyo de la Policía Nacional. La demanda vuelve a presionar al Gobierno dominicano por la ausencia de una respuesta institucional frente a un conflicto que, de acuerdo con los denunciantes, sigue escalando sobre viviendas habitadas.
La denuncia fue presentada por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Consejo de Desarrollo Comunitario Valiente (Codecoc), la Red Urbana Popular (RUP), la Comisión de Derechos Humanos Filial La Caleta y la Coordinadora de Lucha Popular de La Caleta. Las entidades describen un patrón repetido de brigadas que llegan en horas de la madrugada junto a agentes policiales para derribar casas.
Según los dirigentes, entre los afectados hay niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, un cuadro que agrava el contraste entre la obligación del Estado de proteger derechos y el resultado que reportan las comunidades.
En nombre de esas organizaciones hablaron Sócrates Peguero, Santo Carbajal Mota, Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, José Mieses e Ynocencio Reyes, quienes calificaron las acciones como «arbitrarias» y las vincularon con violaciones al derecho a una vivienda digna y a otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución dominicana y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Para las organizaciones, la declaratoria de utilidad pública permitiría al Poder Ejecutivo intervenir formalmente en la regularización de la tierra y avanzar en la entrega de títulos, una salida que vuelve a colocar en el centro la rendición de cuentas sobre el manejo del conflicto por parte del Gobierno.