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Juzgado envía a juicio a 35 acusados en expediente por presunta estafa al Estado

junio 4, 2026 · Redactor
Juzgado envía a juicio a 35 acusados en expediente por presunta estafa al Estado
Foto: www.diariolibre.com

Aunque quedaron fuera Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, la resolución mantiene en primer plano la dimensión del proceso y la exigencia de control institucional

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio de fondo de 35 de los 40 procesados en el caso de presunta estafa contra el Estado dominicano, al tiempo que emitió auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros acusados. La jueza Altagracia Ramírez determinó que las imputaciones contra los 35 encartados, entre ellos 23 personas físicas y 12 empresas, se corresponden con los hechos expuestos por el Ministerio Público.

Con esa decisión, el expediente sigue bajo examen en un caso que, según el órgano persecutor, se habría estructurado mediante acuerdos fraudulentos ligados a expropiaciones de terrenos y cesiones de créditos para tramitar pagos estatales presuntamente irregulares. Según esa versión, una parte de los recursos habría sido usada para sobornos, ocultar a los beneficiarios reales y financiar actividades políticas, lo que vuelve a colocar en el centro del debate el uso de fondos públicos y los controles institucionales.

Entre los enviados a juicio figuran el exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz; el excontralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana; el exdirector ejecutivo del CEA, Luis Miguel Piccirillo McCabe; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña; la exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García Medina; el exasesor legal de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi Fernández; y los abogados y particulares Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa y Roberto Santiago Moquete. El envío a juicio de fondo aumenta la presión para que el proceso avance con transparencia y rendición de cuentas sobre un caso que compromete decisiones estatales y presuntos pagos irregulares.