La recuperación de 14 niños en la “Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive”, en La Pared de Haina, San Cristóbal, volvió a poner bajo examen la capacidad de vigilancia sobre los espacios que reciben menores. Allí, Seneida Fernández, pastora de la fundación, y varios miembros rechazaban cualquier relación con abuso o maltrato infantil, mientras las autoridades afirman que en el lugar operaba una supuesta red de maltrato y abuso.
Dentro de las instalaciones, la escena descrita acentúa el contraste entre el discurso de orden que se muestra en la entrada y lo que fue encontrado al interior. En un letrero se lee: “Santidad a Jehová. No se permiten personas fuera del orden de Dios” y “Quien no cumpla estás reglas no podrá estar aquí”. Sin embargo, al entrar a la vivienda de dos plantas donde permanecían niños y niñas acogidos por la institución, reporteros encontraron mal olor, humedad, paredes sin capa de mezcla de cemento, dormitorios con gran cantidad de vestimentas, juguetes, afiches y varias camas, entre ellas tres camarotes.
El caso deja una advertencia institucional que va más allá de la negativa de los responsables del lugar y concentra la atención en la necesidad de un control efectivo sobre entidades que trabajan con población vulnerable. Con el segundo nivel cerrado al acceso de los medios, la recuperación de los 14 menores y el estado de las edificaciones aumentan la presión de la sociedad civil por explicaciones verificables, en un episodio que vuelve a mostrar desgaste de gestión cuando la protección infantil aparece después del daño y no desde la prevención.