El Gobierno propuso endurecer la supervisión de las leyes de incentivos fiscales para frenar abusos en la entrega de exenciones tributarias, en una admisión de que los controles actuales no han funcionado de manera homogénea. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, integra el paquete fiscal y se centra en los recursos que el Estado deja de percibir por esos beneficios.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto no suprime los incentivos vigentes, aunque sí pretende otorgar un papel más activo al Ministerio de Hacienda y Economía en la evaluación de nuevas solicitudes. Díaz afirmó que ya existen disposiciones que facultan a esa cartera a emitir opiniones sobre los incentivos, pero reconoció que esas atribuciones no siempre se han aplicado con consistencia.
La propuesta también dispone que cualquier objeción de Hacienda y Economía deberá ser validada por el presidente de la República, de modo que la revisión de exenciones queda supeditada a una decisión política en un asunto sensible para los ingresos públicos. El Gobierno sostiene que la intención es garantizar que los incentivos se concedan conforme a la ley, produzcan el impacto económico previsto y aumenten la eficiencia del sistema tributario, en medio de una discusión fiscal que vuelve a poner bajo escrutinio el costo de las exenciones para el Estado.