SANTO DOMINGO. – La propuesta presentada por el senador Antonio Taveras Guzmán volvió a colocar bajo la lupa disposiciones penales que, según la iniciativa, son ambiguas o desproporcionadas y pueden restringir el ejercicio de la libertad de opinión, crítica e información. El proyecto introduce cambios en varios artículos de la Ley 74-25 con el planteamiento de reforzar garantías constitucionales, proteger a los medios de comunicación de sanciones excesivas y adecuar los delitos contra el honor a criterios de legalidad y proporcionalidad.
Uno de los ajustes se refiere al artículo 208 sobre difamación, que quedaría circunscrito a la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona. La iniciativa elimina la prisión para ese delito y la sustituye por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de reparación civil. En cuanto al artículo 209, que define la llamada difamación extorsiva, la propuesta la convierte en una modalidad agravada y baja la pena vigente de cinco a diez años de prisión a una sanción de quince días a un año de prisión menor cuando se utilice para obtener beneficios indebidos o forzar a una persona a actuar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
La reforma también toca el artículo 210 sobre injuria, con el fin de dejar la intervención penal únicamente para conductas graves y dolosas, eliminando las penas de prisión y manteniendo multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y reparación civil. Así, la discusión se orienta hacia la necesidad de revisar normas que inciden en la relación entre poder, ciudadanía y medios, en un debate donde el Congreso queda presionado a rendir cuentas sobre si conserva mecanismos punitivos cuestionados o corrige disposiciones con potencial efecto inhibidor sobre la crítica pública.