Las familias desalojadas de terrenos en la comunidad de Llanos de Pérez, en el municipio de Imbert, llevaron su protesta hasta el Palacio de Justicia de Puerto Plata, donde denunciaron actuaciones arbitrarias de un coronel del Ejército Dominicano y reclamaron que se respeten decisiones judiciales que, según afirman, favorecen sus derechos. El conflicto vuelve a colocar bajo escrutinio la respuesta institucional ante un caso en el que los afectados aseguran tener títulos de propiedad, mientras el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) sostiene que los terrenos forman parte del patrimonio del Estado dominicano.
José Martínez Cruz, vocero de los afectados, aseguró que las tierras no pertenecen al CEA y cuestionó la intervención militar pese a la existencia, según dijo, de una decisión del Tribunal Constitucional y otra de la Cámara Civil de Puerto Plata. En la vigilia, los manifestantes advirtieron: “No permitiremos más atropellos. Si no somos escuchados, vamos para la calle”, al tiempo que pidieron la intervención de las autoridades competentes. En total, son 50 las familias afectadas.
Los denunciantes llamaron al presidente Luis Abinader a ordenar una investigación y establecer responsabilidades, en medio de señalamientos sobre un trato desigual frente a otros terrenos que, según sus denuncias, permanecen cerrados por funcionarios y particulares sin una actuación similar del CEA. Para los afectados, el caso expone un contraste entre el deber de las instituciones de acatar decisiones judiciales y el resultado que dicen estar enfrentando sobre el terreno. A principios de agosto, autoridades del CEA derribaron varias viviendas en esos terrenos de Llanos de Pérez.