La denuncia de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) colocó bajo escrutinio el manejo de 27 autobuses adquiridos para el corredor Duarte, en Santiago, luego de que la organización afirmara que las unidades, importadas sin impuestos para el transporte público, no fueron entregadas a las rutas seleccionadas y habrían pasado a manos privadas. El caso abre un nuevo frente de fiscalización sobre la gestión de bienes vinculados al Estado y el contraste entre el objetivo anunciado del proyecto y su resultado observable.
Juan Marte, presidente de la CNTT, sostuvo que los autobuses, con capacidad para unos 50 pasajeros cada uno, representaron una inversión estimada en RD$250 millones y estaban destinados al primer corredor de este tipo previsto para la ciudad. Según explicó, tres rutas afiliadas a la confederación fueron escogidas para participar, recibieron las fichas técnicas de los vehículos y firmaron documentos relacionados con la importación y su incorporación al servicio público. Sin embargo, dijo que las unidades llegaron al país, fueron retiradas del muelle y nunca entraron en operación en el corredor Duarte. «Los autobuses llegaron al país, pero no están operando en el corredor Duarte. Alguien corrió con el balón», afirmó.
Marte agregó que recibió informaciones de que los vehículos habrían sido facturados al Estado y luego destinados a operaciones privadas, aunque reconoció que la CNTT no dispone de pruebas para establecer quién autorizó su retiro o traslado. Ante ese escenario, la entidad pidió al Intrant y a la Cámara de Cuentas investigar el destino de los autobuses, en una señal de alerta institucional que vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas al Gobierno dominicano y a la gestión de Luis Abinader cuando proyectos públicos terminan lejos de la finalidad para la que fueron presentados.