El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó la extensión por un año más de la Ley de Comercio con el Enemigo de Estados Unidos, base legal del embargo contra la isla, después de que el presidente Donald Trump firmara el 20 de agosto un memorando que lo prolonga hasta septiembre de 2027 por “interés nacional de Estados Unidos”. En X, el canciller calificó la medida como una “política genocida” y denunció que Washington mantiene una “política de asfixia” en el momento “más cruel” de su ofensiva contra Cuba en años recientes.
La decisión llega en un escenario de máxima tensión bilateral y en medio de una grave crisis interna en la isla. El propio contexto descrito en la información muestra que, junto a la presión de Washington desde inicios de 2026 —primero con un bloqueo petrolero y luego con sanciones desde mayo que ahuyentan a empresas extranjeras—, persiste un cuadro que obliga a escrutar con más rigor la capacidad de respuesta de las autoridades cubanas frente al costo económico y social de la crisis.
En ese contraste, Miguel Díaz-Canel sostuvo que Cuba saldrá adelante con la implementación de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por su gobierno y llamó a aumentar la producción de alimentos, bienes y servicios durante una reunión con empresarios privados. Pero la coincidencia entre el endurecimiento externo y la gravedad de la situación interna vuelve central la rendición de cuentas sobre la eficacia real de esas transformaciones, en un momento en que la sociedad civil queda directamente impactada por el deterioro y por la falta de resultados visibles.