La combinación de cambios fiscales y un nuevo escenario jurídico está empujando al sector construcción a operar con mayor presión sobre sus costos, sus contratos y sus mecanismos de control, en una señal de alerta para una actividad clave. En el Almuerzo Constructivo de la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE), especialistas coincidieron en que las empresas tendrán que reorganizarse, reducir riesgos y fortalecer su seguridad jurídica para responder a las nuevas exigencias.
Durante el encuentro, el presidente de ACOSDE, Riubell Montes de Oca, exhortó al empresariado a conocer a fondo las novedades introducidas por el Código Penal y a apoyarse en asesores legales y en la propia asociación para preparar programas de cumplimiento. Ese planteamiento deja en evidencia que el nuevo entorno regulatorio ya obliga a las constructoras a prestar más atención a la prevención, la supervisión y el resguardo legal, en lugar de concentrarse solo en la ejecución de proyectos.
Al presentar el impacto de la Ley 30-26, Engels Fortuna explicó que la legislación modifica la estructura de los costos directos e indirectos de las empresas constructoras. Detalló mayores retenciones sobre servicios técnicos, costos asociados a las transferencias bancarias, cambios transitorios en el Impuesto Sobre la Renta para empresas de mayor tamaño y nuevas disposiciones sobre residuos sólidos. Según su análisis, este escenario exige estrategias de corto, mediano y largo plazo para aumentar resiliencia, reducir dependencia de la política monetaria y mejorar el control de costos y beneficios, mientras el compliance penal gana espacio como respuesta a un marco más exigente.