SANTO DOMINGO.- El rechazo a las nuevas medidas tributarias y al encarecimiento de los servicios ya no viene solo de la oposición. En el Congreso, incluso legisladores del PRM han admitido que el paquete tendrá un impacto directo en la economía de los dominicanos, en una nueva brecha entre el discurso oficial y las cargas que terminan asumiendo las familias.
Heriberto Aracena, diputado de Fuerza del Pueblo, calificó las disposiciones como «medidas antipobres» y afirmó que contradicen la promesa del Gobierno de no tocar la economía familiar. Además, criticó el aumento de los combustibles, al advertir que suma presión sobre la población pese a la caída del precio internacional del petróleo, y reprochó también la subida de la tasa por salida aérea por encarecer los viajes de las familias dominicanas.
Desde otra bancada opositora, José David Báez sostuvo que ya se había advertido sobre las consecuencias de impulsar medidas tributarias sin consenso ni planificación. A su entender, las nuevas disposiciones llevarían a muchos ciudadanos a manejar más dinero en efectivo, con el riesgo que eso representa para la seguridad ciudadana, y muestran el costo de gobernar sin escuchar a la población ni a los sectores sociales afectados.
El desgaste institucional quedó más expuesto cuando la diputada del PRM, Soraya Suárez, reconoció que las nuevas cargas económicas afectarán a quienes usan con frecuencia los servicios bancarios. La legisladora pidió revisar las medidas y abrir una mesa de diálogo, al advertir que una eventual eliminación de facilidades de pago electrónico en estaciones de combustibles generaría más dificultades para la población.
Con ese panorama, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política: el Congreso enfrenta la presión de fiscalizar decisiones que ya muestran costo social, mientras la oposición gana terreno al poner en primer plano la distancia entre las promesas del Gobierno y los resultados que hoy recaen sobre el bolsillo ciudadano.