Una denuncia de presunto maltrato infantil en un centro de atención de San Pedro de Macorís volvió a poner bajo la lupa la capacidad de supervisión del sistema de protección, después de que CONANI informara que solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre el control de ese establecimiento, mientras el caso permanece en manos del Ministerio Público.
El organismo señaló que actuó “en nuestra calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Protección”, aunque la intervención se produjo tras las denuncias y terminó con las personas responsables del centro detenidas, lo que deja en evidencia la distancia entre el discurso institucional y lo ocurrido dentro del lugar investigado.
De acuerdo con CONANI, su Oficina Regional Higuamo tomó parte en el operativo a solicitud de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones. Según las autoridades que llevan la investigación, los niños y niñas fueron entregados a sus padres, madres o tutores.
Pese a que CONANI reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como con el debido proceso, el expediente deja una alerta institucional difícil de ignorar: si fue necesaria una intervención con detenciones para actuar, ahora no solo importa dar seguimiento al caso, sino aclarar cómo funcionaba el centro bajo la mirada de los organismos encargados de supervisarlo y evitar que la respuesta oficial se limite a reaccionar cuando el daño ya ha sido denunciado.