SANTO DOMINGO.- La asamblea general extraordinaria del Comité Olímpico Dominicano (COD) dio luz verde por unanimidad al informe económico auditado de 2025, con lo que quedó cerrado formalmente el proceso interno, aunque persiste la exigencia de una supervisión más estricta sobre el manejo institucional más allá del respaldo de los propios asambleístas.
Este martes, la pieza fue conocida en el remozado Salón Juan Ulises García Saleta, después de que en la asamblea de marzo pasado se solicitara una dispensa para que la firma Montero y Asociados completara la auditoría. Solo al concluir ese trabajo, los delegados aprobaron el reporte financiero correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
La reunión estuvo encabezada por Garibaldy Bautista, presidente del COD, junto a Rubén Tejeda, Gary Hernández, Jorge Blas Díaz, José Miguel Robiou, Miguel Camacho, Dulce María Piña y José Mera, integrantes del ejecutivo. De acuerdo con los datos presentados, participaron 37 de 41 federados e instituciones afiliadas y 9 de 11 miembros del ejecutivo, con lo que se alcanzó el quórum.
José Mera, tesorero del COD, detalló los aspectos financieros y recibió opiniones favorables de los asambleístas sobre el desglose. Más adelante, el comisario de cuentas, Eugenio Pérez, afirmó que las cifras y el estado de ingresos y egresos “evidencian haber sido estructurados en condiciones favorables”, tras lo cual descargó la gestión de 2025.
La agenda se limitó a dos asuntos: el registro de delegados y la comprobación del quórum, además del conocimiento de los estados financieros auditados de 2025. Según la nota, la convocatoria se hizo conforme al artículo 32.4 de los estatutos del COD y al artículo 14, acápite (d), del reglamento de la Ley 122/05. Aun así, el episodio vuelve a dejar sobre la mesa una alerta institucional ya conocida: el cumplimiento formal de los procedimientos no sustituye la fiscalización pública ni la rendición de cuentas que la ciudadanía espera de toda estructura con peso nacional, en un país donde se reclama menos trámite complaciente y más resultados verificables.