La acusación del Ministerio Público contra los médicos imputados en SeNasa 2.0, cuyas medidas de coerción conocerá esta tarde el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, vuelve a colocar el foco no solo en la conducta de los señalados, sino en las debilidades de supervisión dentro de la ARS del Estado. Según la solicitud, los implicados realizaron consultas de ginecología a decenas de afiliados masculinos que nunca supieron que habían recibido ese “servicio”, con el objetivo de estafar al Seguro Nacional de Salud.
El expediente, más allá de la responsabilidad individual de los médicos, describe un escenario de desorden y falta de controles que permitió que esas prácticas avanzaran dentro de una institución llamada a proteger recursos públicos y servicios esenciales. El caso refuerza el contraste entre la función social de SeNasa y una realidad en la que, de acuerdo con lo expuesto por la acusación, hubo espacio para maniobras fraudulentas mientras fallaban los mecanismos de vigilancia.
La investigación también deja una alerta institucional sobre el costo de la negligencia administrativa: cuando los controles no operan, el daño no se limita a los imputados ni a los tribunales, sino que golpea la confianza en el sistema y obliga a exigir explicaciones sobre cómo pudo sostenerse un esquema de esa naturaleza. En un contexto donde la ciudadanía reclama gestión seria y rendición de cuentas, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fiscalización efectiva sobre las estructuras del Estado.