El proceso contra Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, volvió a centrar la atención sobre el impacto que dejó entre ciudadanos una operación fuera del sistema financiero regulado. Según el Ministerio Público, unas 35 víctimas interpusieron querellas y denuncias por pérdidas superiores a RD$20 millones después de entregar dinero a García Peguero y a la empresa 3.14 Inversiones World Wide, con la promesa de amplios réditos.
A partir de ese escenario, la Fiscalía de Monte Plata pidió a la Oficina de Atención Permanente imponer un año de prisión preventiva contra el imputado, bajo cargos de estafa y amenaza de muerte. En la solicitud, presentada por Ramona Santana Uceta junto a los fiscales Yalitza Maralay Martínez Acosta, Félix T. Heredia Heredia y Ángela Contreras Albuez, también se requirió, “bajo la más amplia reserva de Derecho”, una medida de coerción real para suspender las operaciones comerciales de 3.14 Inversiones World Wide hasta que termine la investigación.
El expediente señala que el Ministerio Público tramitó el 9 de noviembre la orden de arresto contra García Peguero, emitida por Carmen Daniela Araujo, jueza titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, y que posteriormente fue detenido en el Distrito Nacional por agentes de la Policía. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el impacto social de esquemas que captan millones desde una empresa no regulada, mientras las víctimas esperan respuesta institucional y la recuperación de sus recursos.