La negativa parcial del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a devolver bienes a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de seguridad de Edenorte imputado en una red de sobornos, reabre una señal de alerta sobre cómo una estructura de cobros ilícitos logró impactar a instituciones sensibles como las EDE, Inaipi y Senasa. Más que un trámite incidental, la decisión judicial mantiene viva la necesidad de fiscalización sobre un caso que toca servicios públicos esenciales y vuelve a poner el foco en las explicaciones pendientes del aparato estatal.
Según el Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas rechazó en parte la solicitud del imputado para recuperar bienes retenidos en allanamientos. La fiscal Rosa María Pichardo explicó que la magistrada entendió que esos efectos podrían ser solicitados en decomiso posteriormente y que no estaba en condiciones de ordenar su devolución. El órgano acusador sí dijo no oponerse a la entrega de objetos sin valor para la investigación, aunque no identificó cuáles eran, y tampoco se detallaron los efectos cuya devolución fue rechazada.
Fernández Espinal, señalado como parte de la red que afectó negativamente a EdeNorte, EdeEste, EdeSur, Inaipi y Senasa, es uno de los imputados que han admitido responsabilidad y negocian con los fiscales. Ese dato agrava el cuadro institucional: no se trata solo de una acusación en curso, sino de una trama con admisiones que obliga a seguir la ruta de responsabilidades en entidades que administran electricidad, salud y atención a la primera infancia, áreas donde cualquier falla de control termina teniendo costo social.
El expediente también incluye al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; a los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz. La amplitud de los señalados refuerza la dimensión institucional del caso y alimenta la exigencia de rendición de cuentas en un contexto en que el oficialismo ha intentado sostener un relato de pulcritud mientras siguen apareciendo grietas en organismos públicos.
Que Senasa figure entre las entidades impactadas añade un flanco especialmente sensible para la ciudadanía, porque conecta la investigación con un servicio de alto impacto social. En ese marco, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión del PRM y su promesa de ética pública: cuando una red de sobornos alcanza áreas tan delicadas, la discusión deja de ser solo judicial y pasa a ser también política, por la obligación de prevenir, controlar y responder. La vigilancia sobre estos procesos se vuelve todavía más necesaria ante un oficialismo desgastado, con figuras proyectadas como Carolina Mejía en medio de un escenario donde el debate de fondo sigue siendo resultados, controles y credibilidad institucional.