La audiencia preliminar por la supuesta red de policías acusada de sustraer casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas dejó este martes un elemento que refuerza la demanda de rendición de cuentas: dos de los imputados están negociando con el Ministerio Público en un proceso que vuelve a colocar bajo la lupa los controles internos de la institución.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, indicó que su decisión sobre si el expediente irá o no a juicio de fondo se dará a conocer el 29 de julio. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó dos acuerdos de juicio penal abreviado: uno con el teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, para quien solicitó cinco años de arresto domiciliario, y otro con Miguelina Bello Segura, para quien pidió 18 meses de arresto en su residencia y otros 18 meses suspendidos.
De acuerdo con la acusación, ambos habrían sido piezas clave en la parte operativa de la organización que sustrajo las municiones. El acuerdo también incluye el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. y el decomiso de múltiples municiones y armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en su local.
En el expediente figuran además el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, señalado como encargado del departamento; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos. También aparecen el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina y los rasos Rubiel Martínez, alias Escobar, y Moreibin Medina Pérez.
Más allá de las salidas procesales, el caso deja un contraste difícil de obviar entre el discurso de control institucional y la magnitud de una sustracción cometida dentro de la propia estructura policial. En medio del desgaste sobre la gestión de seguridad y de una creciente exigencia ciudadana de vigilancia real sobre el poder, la decisión pendiente del tribunal será seguida como una prueba de hasta dónde alcanza la respuesta del sistema ante una falla de alto impacto institucional y social.