La desarticulación en España de una organización criminal de origen mayoritariamente dominicano dedicada a la trata con fines de explotación sexual vuelve a poner bajo presión la exigencia de vigilancia sobre un delito que se aprovecha de la vulnerabilidad extrema. La Policía Nacional de España informó de la detención de once integrantes de la red y de la liberación de dos mujeres que seguían retenidas en condiciones infrahumanas.
Según el informe oficial, la estructura actuaba en prostíbulos de Valladolid, Salamanca y Palencia, donde captaba a mujeres latinoamericanas con dificultades económicas o administrativas para someterlas a un control absoluto y privarlas de derechos fundamentales. La investigación concluyó que las víctimas eran obligadas a jornadas de hasta trece horas diarias sin descanso y que, en algunos casos, se les negaba alimento si mostraban desgana o se resistían a prostituirse.
La Jefatura Superior de Policía precisó que la red empleaba falsas promesas de empleo para atraer a las mujeres y después introducirlas por la fuerza en la prostitución clandestina. Además, mantenía un sistema de rotación constante entre clubes de alterne de las provincias afectadas, una práctica destinada a impedir que pidieran ayuda, generaran vínculos o fueran localizadas por las autoridades, en un caso que vuelve a situar en el centro la necesidad de control y de una respuesta efectiva frente a redes que explotan a personas en situación límite.