Bolivia vive una crisis política que, a poco más de seis meses de la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, pone en duda su continuidad en el poder y abre un escenario de incertidumbre para el proceso democrático. Durante las últimas tres semanas, grupos movilizados encabezados por la Central Obrera Boliviana mantienen cerrados por carretera los accesos a La Paz, en medio de actos vandálicos, saqueos, daños a bienes públicos y maltrato a personas ajenas al conflicto, todo bajo la consigna de renuncia del mandatario.
La protesta pone en evidencia una crisis de representación que ya se había manifestado en las elecciones de 2025. La fragmentación del voto entre tres fuerzas de oposición al MAS —PDC, Libre y UN— y entre dos candidaturas provenientes del tronco del MAS, Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, se sumó a un dato que reflejó el malestar político: el voto nulo promovido por Evo Morales semanas antes de la votación llegó al 19,8%.
A esa fragilidad institucional se añade el deterioro económico. En noviembre de 2025, Luis Arce dejó el poder en medio de una crisis de los carburantes, una contracción del PIB de 1,48% al cierre de su gestión y una inflación de 20,40%, la más alta del país en cuatro décadas. Parte de esa crisis fue afrontada por la gestión de Rodrigo Paz, que el 17 de diciembre de 2025 dispuso por Decreto Supremo un alza de más