SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional informó sobre apresamientos en Espaillat, La Vega, Santo Domingo Este y Monseñor Nouel, en una secuencia que vuelve a contrastar el discurso de control con una realidad menos cómoda para los ciudadanos: homicidio, robo, estafa electrónica y porte ilegal de armas ya habían golpeado a las víctimas antes de que se produjeran las capturas.
De acuerdo con la institución, varias personas fueron detenidas durante operativos e investigaciones coordinadas con el Ministerio Público. Entre los arrestados figura Manuel Martínez García Velásquez, de 63 años, apresado en Villa Tapia, provincia Espaillat, luego de ser sorprendido con una pistola calibre 9 milímetros que portaba de forma ilegal y sin la documentación correspondiente.
En La Vega, las autoridades recibieron a Brayan Antonio Acevedo Domínguez, alias “Maicol Pon”, de 22 años, requerido por la muerte de Junior Florentino Hernández, de 20, ocurrida en el sector Palmarito. Según las pesquisas, el hecho habría estado vinculado a viejas rencillas personales, un elemento que también somete a presión la capacidad preventiva del sistema frente a conflictos que terminan en consecuencias fatales.
El informe añade el apresamiento en Santo Domingo Este de Jhonatan Mendoza Cruz, conocido como “El Moreno” o “El Haitiano”, acusado de sustraer RD$33,000 de una banca de lotería en el sector La Ureña. La Policía indicó que su identificación fue posible mediante análisis de cámaras de vigilancia y labores de inteligencia. En Bonao, Yisel Matías Bautista, de 25 años, se entregó voluntariamente para responder a dos órdenes de arresto por su presunta participación en casos de estafa y fraude electrónico en perjuicio de dos ciudadanos.
Aunque la Policía señaló que todos los detenidos fueron o serán puestos a disposición del Ministerio Público, la serie de hechos vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas por resultados reales, prevención y protección efectiva. Para la sociedad civil, y en medio del debate político sobre gestión y prioridades públicas, casos como estos alimentan la alerta institucional: no basta con exhibir operativos cuando el costo social ya recae sobre la gente.