La entrada en vigor del nuevo Código Penal fue valorada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) como una transformación institucional de gran alcance, aunque también como una advertencia sobre los desafíos que todavía persisten para asegurar seguridad jurídica, institucionalidad y competencia leal. En el Encuentro Industrial: Nuevo Código Penal, “Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, el gremio exhortó al sector empresarial a prepararse para las nuevas responsabilidades que contempla la legislación, entre ellas la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
A la actividad asistieron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto con representantes del ámbito industrial y empresarial. Allí, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, afirmó que el nuevo Código Penal pone fin a una normativa concebida hace más de un siglo, pero insistió en que su alcance solo será efectivo si se aplica con normas claras, de forma previsible, proporcional y respetando el debido proceso. “La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir”, señaló.
La posición del sector industrial lleva la discusión más allá del discurso de modernización legal: la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas abre un nuevo escenario de riesgo penal empresarial y centra la atención en la capacidad institucional para aplicar la norma sin arbitrariedades. Así, la implementación del Código queda bajo observación por sus efectos sobre la confianza, la competitividad y la rendición de cuentas en el entorno económico.