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Admisión de Guido sobre data china eleva presión para fiscalizar licitación de Indotel

agosto 24, 2026 · Redactor
Admisión de Guido sobre data china eleva presión para fiscalizar licitación de Indotel
Foto: listindiario.com

Mientras defiende transparencia y compatibilidad de Viettel Global Investment, el propio titular de Indotel reconoce que 62% de la data del sector de la telefonía proviene de China, un dato que refuerza la exigencia de vigilancia institucional y social.

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que 62% de la data que utilizan distintas empresas de servicios proviene de China, en medio de la defensa oficial de la licitación ganada por Viettel Global Investment (VGI) para manejar las bandas disponibles del país. La declaración introduce un contraste sensible: mientras el funcionario insiste en que no existe posibilidad de que la empresa vietnamita tome informaciones de los ciudadanos y las envíe a una base de datos china, el propio dato expone la magnitud del tema y coloca el proceso bajo mayor escrutinio público.

Gómez Mazara sostuvo que realizó “las diligencias necesarias para garantizar la transparencia del proceso” y evitar que República Dominicana reciba algún tipo de sanción. También afirmó que VGI, aunque tiene origen comercial y presupuestario en Vietnam, es compatible con empresas de carácter norteamericano por las características de sus equipos. La defensa oficial busca cerrar dudas, pero deja abierto un flanco institucional: la necesidad de fiscalización permanente sobre un proceso que toca manejo de bandas, data y confianza ciudadana.

El funcionario agregó que VGI provocará un ingreso económico de hasta US$650,000,000 y señaló que la empresa había intentado entrar al país hace siete años. Presentó esa participación como parte de una apertura de mercados, citando además operaciones de la compañía en Perú y Haití. Sin embargo, el debate ya no queda solo en la promesa de ingreso económico, sino en la obligación de rendir cuentas con transparencia verificable ante la sociedad civil sobre los criterios, controles y resultados de una decisión con impacto institucional y ciudadano.