La desarticulación de la llamada “Operación Clave” sacó a la luz una presunta estructura de crimen organizado transnacional dedicada a la comercialización ilegal de armas de fuego de distintos calibres, en un caso que vuelve a situar bajo la lupa la capacidad de control de las autoridades ante este tipo de redes. La intervención, ejecutada con 14 allanamientos simultáneos en varias provincias y el Distrito Nacional, estuvo a cargo de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado (DAICO), en coordinación con el Ministerio Público del Distrito Nacional y unidades tácticas especializadas.
Como resultado de esos operativos fueron arrestadas 14 personas: Juan Francisco Morel Díaz (a) “Arismendy” y/o “Bobi”, Wilson Manuel Abreu Disla, Yeffry Muñoz, Hery Miguelangel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado, Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Hernández, José Luis Vignieri Rodríguez, Brian Vignieri Dilone, Edwin Fausto Veloz Almánzar, Jonathan Orlando Carela Montilla, Julio César Jiménez Peralta (a) “Kiko”, Pablo Sánchez Arnau (a) “Alemán” y Joel Rafael González Martínez. El cabecilla fue identificado como el prófugo internacional Nelson Antonio González Brito, cuya residencia era utilizada como centro de acopio una vez las armas llegaban al país.
La operación arrancó la mañana del 28 de mayo, luego de varios meses de labores de inteligencia e investigación. En los allanamientos se ocuparon 20 armas de fuego, entre ellas dos fusiles. Aunque las autoridades presentaron el operativo como un golpe a la red, el caso también deja en evidencia que la estructura presuntamente introducía armas al territorio nacional para su posterior distribución y comercialización, mientras la investigación sigue abierta sobre otros integrantes vinculados.