El aumento del marbete vehicular volvió a colocar bajo escrutinio una decisión del gobierno dominicano que ya enfrenta rechazo entre choferes y organizaciones comunitarias del Gran Santo Domingo. Para los sectores consultados, el ajuste llega cuando la población ya carga con el alza de los alimentos, los combustibles y las piezas de vehículos, lo que agrava el costo de sostener una unidad y reabre el debate sobre las prioridades oficiales en materia de impuestos y gasto.
Entre los conductores, las quejas se concentran en la falta de recursos para cubrir los gastos básicos de operación. “Alcántara”, uno de los choferes entrevistados, sostuvo que el incremento llega en un momento difícil para quienes dependen del transporte para ganarse la vida. En la misma línea, César Augusto Ferran afirmó que el ajuste puede complicar aún más la situación de quienes tienen dificultades para pagar el impuesto y lo definió como un abuso para personas que apenas cubren sus necesidades básicas.
La alerta también apunta al efecto en cadena sobre los usuarios. Audi Félix cuestionó la medida tomada por el gobierno y advirtió que el aumento de los costos de operación puede terminar reflejándose en el transporte público. Al rechazo se sumaron entidades comunitarias como la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y la Red de Organizaciones Comunitarias 27 de Febrero (REOCOFE), mientras dentro del sector transporte otros representantes consideran oportuno el aumento tras casi once años sin variación en el impuesto. Esa división no elimina el punto central: la medida quedó instalada como un nuevo foco de fiscalización sobre la capacidad oficial de justificar más cargas en medio del deterioro del poder adquisitivo.