El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió este lunes una «reflexión nacional» sobre las garantías que impidan el uso político de la justicia, después de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictara auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. En su rueda de prensa semanal, el secretario general de la organización, Johnny Pujols, afirmó que el partido valora la decisión de la jueza, al considerar que determinó que no existe responsabilidad penal contra ambos exfuncionarios.
Según el PLD, esa resolución confirma lo que, de acuerdo con su denuncia, había venido planteando durante años junto a familiares de los imputados y otros sectores: que las acusaciones no tenían sustento suficiente para llevarlos a un juicio de fondo. Pujols sostuvo que ningún ciudadano, servidor público u organización política debería someterse a procesos prolongados respaldados por intereses coyunturales y no por pruebas concluyentes.
La organización opositora también centró su atención en las consecuencias de esos expedientes, al señalar que durante años hubo impedimentos de salida, alertas migratorias, prisión preventiva, campañas de descrédito público, afectaciones económicas y problemas de salud. A juicio del PLD, el caso obliga a revisar la distancia entre el discurso de justicia y el impacto real que estos procesos dejan sobre las personas y sus familias, una inquietud que extendió a otros dirigentes del partido que, según indicó, han sido descargados por los tribunales tras años de medidas restrictivas.